La nueva ley europea sobre la IA, un riesgo para las empresas

La Unión Europea acaba de descubrir que regular la inteligencia artificial es más sencillo sobre el papel que en la vida real.

Allá por 2024, nuestro continente quiso ser pionero en la creación de un reglamento específico en la materia, que permitiera poner coto a una tecnología revolucionaria que, mal utilizada, puede ser muy peligrosa para empresas y ciudadanos.

Apenas dos años después, Bruselas ha tenido que pisar el freno y aplazar hasta diciembre de 2027 parte de las obligaciones más exigentes previstas en la Ley de Inteligencia Artifical que en su día aprobó y cuya aplicación general estaba programada para a partir de este 2 de agosto.

Niveles de riesgo

El reglamento europeo sobre IA, en esencia, plantea un modelo regulatorio basado en niveles de riesgo. En función del impacto que puedan tener estos modelos de IA sobre la seguridad, los derechos de las personas o el acceso a servicios esenciales, más exigentes son las obligaciones que impone la UE para quienes la desarrollan o utilizan.

Cuando Bruselas habla de “niveles de riesgo” se refiere, principalmente, a sistemas autónomos que pueden intervenir, por ejemplo, en la selección de candidatos para un empleo, en la concesión de un crédito, en la evaluación de desempeño de un trabajador, en la priorización de pacientes o en la gestión de riesgos dentro de una entidad financiera.

Varios ejemplos

Existen numerosos casos que demuestran que el riesgo de la IA no es sólo teórico. Amazon, sin ir más lejos, acabó descartando hace algunos años una herramienta interna de selección de personal al comprobar que penalizaba determinados perfiles femeninos, porque había aprendido de patrones históricos dominados por candidaturas masculinas. 

En Estados Unidos, la plataforma educativa iTutorGroup ha tenido que pagar 365.000 dólares para cerrar una demanda por un sistema que rechazaba automáticamente a aspirantes de más edad.

En el ámbito de los recursos humanos, otro caso abierto contra la firma de software Workday también ha puesto sobre la mesa una pregunta cada vez más necesaria: ¿quién responde cuando una herramienta automatizada filtra, puntúa o descarta candidatos antes de que una persona los mire?

La hoja de ruta

El debate, por tanto, no debe plantearse como una elección entre regular o no regular. La IA debe regularse. Pero es necesario reflexionar sobre los tiempos y también sobre la hoja de ruta que se debe seguir.

Porque esto, inevitablemente, afectará a las empresas, inmersas en una carrera por la competitividad que se basa en la digitalización y en la adopción de la IA como parte fundamental de su transformación. 

Una regulación que se anticipe a la propia implementación de dicha tecnología previsiblemente empujará a muchas empresas a retrasar proyectos, limitar pruebas o asumir nuevos costes difíciles de gestionar.

El uso y sus consecuencias

La lógica, en este sentido, es clara: nuestro tejido aún no sabe utilizar la IA, pero debe enfrentarse a las posibles consecuencias de su autonomía.

La incorporación de la IA al ámbito empresarial exige tiempo, inversión y una capacidad de adaptación que muchas compañías aún están tratando de construir.

Los datos, precisamente, reflejan un claro distanciamiento de Europa frente a sus principales competidores en materia tecnológica. En 2025, apenas el 20% de las empresas de 10 o más empleados de la UE utilizaba la IA, una proporción muy similar a la española, situada en el 21,1% según el INE.

Una situación parecida afronta Estados Unidos en empresas de 20 empleados o menos, en donde los porcentajes oscilan entre el 17-20%. 

Por el contrario, el 37% de las grandes compañías estadounidenses ha incorporado la IA en su actividad diaria, según la Oficina del Censo de EEUU. La cifra demuestra una adopción más avanzada entre compañías de mayor tamaño con recursos y equipos especializados.

Una pyme, por el contrario, se encuentra en una posición opuesta. Y recorrer ese camino bajo una presión regulatoria intensa derivará, previsiblemente, en una parálisis de procesos.

Las multas

En este aspecto existe un factor clave. La normativa europea contempla multas de hasta 35 millones de euros –o el 7% de la facturación mundial anual– para las infracciones consideradas más graves.

Y esto, para un buen número de empresas puede convertirse en un factor de bloqueo antes incluso de iniciar un proyecto de adopción de la IA.

Parte de este problema ya quedó reflejado en el diagnóstico que realizó el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, con su informe sobre la competitividad europea. La UE arrastra un problema estructural de competitividad, de escala empresarial y de inversión tecnológica.

Una situación agravada en los últimos años y de la que Europa ha sido testigo, viendo cómo las grandes plataformas digitales, la nube o los modelos de negocio basados en datos surgían y crecían fuera de las fronteras comunitarias.

Se necesita tiempo

Precisamente por ese impacto, su despliegue exige criterios claros, controles internos y seguridad jurídica. Si la propia UE precisa de más tiempo para completar estándares técnicos y criterios de aplicación, muchas empresas también necesitarán margen para traducir esas obligaciones a su realidad operativa, al mismo tiempo que implementan o desarrollan proyectos para implementar la IA.

Europa no debería conformarse con ser el espacio que mejor regula la inteligencia artificial, especialmente si sus compañías no cuentan después con las condiciones necesarias para desarrollarla, integrarla y aprovecharla.

La protección de derechos y la competitividad empresarial no pueden avanzar por caminos separados, porque una economía que renuncia a desplegar tecnología con la agilidad que requiere el momento actual acaba dependiendo de quienes sí lo hacen.

Esa dependencia implica ceder capacidad de decisión sobre una tecnología llamada a marcar la productividad, la innovación y el poder económico de los próximos años.